La PGR impugnará la resolución emitida con relación al caso Hank Rhon y coinculpados

La PGR impugnará la resolución emitida con relación al caso Hank Rhon y coinculpados

México.-  Ante las versiones de una resolución de la Juez Noveno de Distrito con sede en Tijuana, Baja California, que decreta libertad con las reservas de ley a Jorge Hank Rhon y coinculpados, por los delitos que se les consignó, la Procuraduría General de la República, a través del agente del Ministerio Público de la Federación informa que no ha sido notificada de esta resolución.

Como se recordará, el pasado 4 de junio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) pusieron a disposición de la Delegación de la Procuraduría General de la República en Baja California a 11 personas, a quienes les fueron aseguradas 88 armas de fuego de diferentes calibres, así como un total de nueve mil 250 cartuchos útiles de diversos calibres.



El agente del Ministerio Público de la Federación, en los términos de ley, determinó procedente someter el asunto a consideración del Juez, para que fuera éste quien resolviera la probable responsabilidad de los detenidos y las circunstancias en que debiera desarrollarse el proceso.



Posteriormente, la autoridad Judicial mediante acuerdo del ocho de junio del año en curso, calificó de legal la detención preventiva de Jorge Hank Rhon y coinculpados, al quedar demostrada la legalidad con las constancias que obran en el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo sexto, constitucional que señala “en caso de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley”, en concordancia al numeral 134, párrafo V, del Código Federal de Procedimientos Penales.

La Procuraduría General de la República refrenda su compromiso de velar por la estricta aplicación de la Ley, agotando las instancias legales procedentes para su cumplimiento, siempre con respeto a los derechos humanos, así como a los procedimientos y competencias establecidos en nuestros ordenamientos jurídicos.



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